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Accidentes de trabajo en la nueva Ley de la Jurisdicción Social

Se concentran en la jurisdicción social todas las cuestiones relativas a accidentes de trabajo.

 accidentes de trabajo

El pasado 11 de diciembre entró en vigor la nueva Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social. Esta ley es de gran importancia, porque es la que establece las reglas que han de seguir los conflictos y reclamaciones en el ámbito judicial laboral.  Para que nos entendamos, cuando surge un litigio o pleito consecuencia de la relación laboral (despidos, reclamación de salarios,  prestaciones a la Seguridad Social, vacaciones laborales, accidentes de trabajo, etc), tanto el trabajador como el empresario han de acudir al Juzgado de lo Social para resolver sus diferencias, pues bien, esta ley es la que regula el procedimiento que va a seguirse en el Juzgado.

La presente Ley viene a sustituir a la Ley de Procedimiento Laboral (vigente desde 1995) aunque mantiene la mayor parte de su estructura. Aunque son importantes las mejoras que se han introducido,  nos vamos a centrar en este artículo en las modificaciones que afectan a los accidentes de trabajo.

Como sabéis,  hasta hace poco cuando ocurría un accidente laboral, lo primero era determinar dónde teníamos que presentar la demanda, si en el juzgado de lo social, si en el juzgado de primera instancia o en el penal, ya que había disparidad de criterios en cuanto a la competencia de los distintos órdenes jurisdiccionales, laboral, civil o penal.

La vigente Ley 36/2011, persigue según su exposición de motivos: “dotar a los órganos judiciales de instrumentos que,….protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes labores”.

Vamos a resaltar algunos aspectos novedosos de la ley en materia de accidentes de trabajo:

1.-  En materia de competencia, se atribuye a los jueces de lo social el conocimiento de todas las cuestiones litigiosas relativas a un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional. Por tanto, se concentra en el orden jurisdiccional social, todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo.

2.- Se atribuye también a los jueces de lo social la competencia para velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluyendo no sólo a los trabajadores con relación laboral, sino también a los funcionarios y al personal estatuario.

3.-  Se asigna a la jurisdicción social el conocimiento de las cuestiones relativas a los órganos de representación de personal en las materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

4) Reparto y acumulación de acciones y de procesos. Para esa finalidad la Ley contempla medidas muy concretas respecto al reparto de estos procedimientos y la acumulación de acciones, de procesos y de recursos, de manera que todas las cuestiones que afecten al mismo accidente de trabajo, incluso si se refieren a varios trabajadores, se encomendarán en instancia a un único juzgado y en caso de recurso a una misma Sección de la Sala del Tribunal Superior de Justicia.

5.- Adopción de medidas cautelares. La nueva Ley potencia de forma muy positiva la justicia cautelar, la posibilidad de adopción de medidas cautelares antes del juicio que garantice la eficacia de la sentencia que pudiera dictarse.

6.- El Juzgado requerirá a la empresa a que aporte en cuatro días el documento acreditativo de la cobertura del riesgo.

7.-  En los procesos sobre falta de medidas de seguridad, y cuando lo estime el juez necesario, se deberá interesar de la Inspección de Trabajo, si no figurase ya en el expediente, informe relativo a las circunstancias en que sobrevino el accidente laboral.

8.-  En procedimientos relativos a decisiones de la Autoridad Laboral sobre paralización de trabajos por riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, podrán también adoptarse medidas de embargo preventivo.

9) Carga de la prueba. La Ley recoge un principio similar al de la inversión de la carga de la prueba, que ahora va a recaer sobre el empresario y demás deudores de seguridad.

10) Fortalecimiento de las garantías para los supuestos de acoso, y en general para la defensa frente a los atentados contra la integridad personal.

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