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Condena en costas al beneficiario de justicia gratuita

CUANDO HUBIERE CONDENA EN COSTAS AL BENEFICIARIO DE JUSTICIA GRATUITA, ESTE VENDRÁ OBLIGADO A SU PAGO, SI DENTRO DE LOS TRES AÑOS SIGUIENTES VINIERE A MEJOR FORTUNA.

Condena en costas al beneficiario de justicia gratuitaUno de los beneficios que contempla la declaración de justicia gratuita es que el beneficiario está exento de pagar las costas (honorarios de abogados, procuradores, peritos, publicaciones, etc.) tanto las de su propia defensa como las causadas a la parte contraria

El art. 36 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) establece que: ” Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna…”

A su vez el art. 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dice que: “Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”.

En principio, la obligación de pago de las costas por quien goce de la asistencia jurídica gratuita está sujeta a la condición suspensiva recogida en el citado art. 36 de la LAJG, de que “viniere a mejor fortuna dentro de los tres años siguientes…”, presumiéndose que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el art. 3 de esa misma Ley, o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho a la justicia gratuita.

El Tribunal Supremo, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre esta materia, indicando que la condena en costas al beneficiario de justicia gratuita y la práctica, en su caso, de la Tasación de Costas, son ajenas a que la parte tenga reconocido su derecho a litigar gratuitamente, dado que la posible exención de pago queda sin efecto si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso la parte viniera a mejor fortuna. Por tanto, debe hacerse el correspondiente pronunciamiento en materia de costas y la correspondiente Tasación de Costas sin perjuicio de que la misma no pueda hacerse efectiva, es decir, no pueda exigirse su abono si no se produce el cambio en la situación económica del condenado.

Este criterio viene recogido, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de 23 febrero 2004 , cuando nos dice que:Esta Sala ya tiene dicho en numerosas resoluciones, que el beneficio de justicia gratuita, no significa ni mucho menos, la no existencia de una tasación de costas correcta, y por ende el éxito de una impugnación por indebidos de la misma. Otro tema y afectado por la temporalidad es la posibilidad de exacción de la misma, en tiempo venidero.”

En cuanto a la ejecución de las costas al beneficiario de justicia gratuita, en principio, considero que sería necesario acreditar que el condenado al pago de las mismas ha venido a mejor fortuna, ya que en su defecto el obligado podría oponerse a la ejecución. Sobre el tema de si es causa o no de oposición existen sentencias contradictorias, unas como las de la AP Tarragona (12.07.07) que consideran que la titularidad del beneficio de justicia gratuita no puede alegarse como oposición al despacho de ejecución de la tasación de costas, y otras como la de la AP Madrid (20.03.07) que parecen admitir la misma.

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