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Incapacitación judicial

La incapacitación judicial es el estado juridico en el que se encuentra una persona aquejada por una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que le impide autogobernarse.

Incapacitación judicialLa incapacitación judicial viene regulada en el art. 200 y siguientes del Código Civil.

Los requisitos para la declaración de incapacitación, son:

     1.- Persistencia de la enfermedad o deficiencia que impide el autogobierno del presunto incapaz, entendiendo que dicha enfermedad debe tener cierta duración, continuidad o permanencia.

     2.- La ausencia (o deficiencia) del autogobierno por el incapaz. Esto se refiere a la ausencia de posibilidad, habilidad o facilidad de entendimiento.

La incapacitación se pueden extender a la guarda y protección de la persona (incapaz) y sus bienes, o bien solamente de la persona o de los bienes. Esta protección del incapaz se puede realizar mediante de tres figuras distintas:

a) La tutela.

b) La curatela.

c) El defensor judicial.

La diferencia entre la tutela y la curatela reside fundamentalmente en que el tutor es el representante legal del incapacitado con caracter estable, mientras que el curador limita sus funciones a complementar la capacidad del sometido a curatela, sin sustituirlo ni ser propiamente su representante.

El nombramiento del tutor del incapaz deber realizarlo el Juez atendiendo al orden de preferencia establecido en la ley, esto es:

     1º.- El designado por el propio tutelado con caracter previo a la declaración de incapacitación que haya realizado ante Notario; esta figura viene designada como auto-tutela.

     2º.- Al cónyuge que conviva con el tutelado.

     3º.- A los padres del tutelado.

     4º.- A las personas designados por estos en sus disposiciones de última voluntad.

     5º.- Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez.

El orden ciatado puede alterarlo el Juez cuando considere que de esa manera se produce un mayor beneficio para el tutelado.

El Código civil establece que el tutor necesitará de autorización judicial para que sean válidos determinados actos que realice con respecto al patrimonio del incapaz o tutelado.

El tutor necesitará de dicha autorización judicial en los siguientes casos:

     – Para el internamiento del tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación especial.

     – Enajenación o gravámen de bienes inmuebles, objetos preciosos, acciones de empresas, realizar préstamos, etc.

     – Cesión de bienes en arrendamiento por tiempo superior a 6 años.

      – Renuncia de derechos del incapaz o tutelado.

     – Realizar gastos extraordinarios en los bienes.

     – Interposición de demandas, salvo en asuntos urgentes o de escasa cuantía.

El procedimiento para la incapacitación judicial es el siguiente:

     1.- Interposición de demanda promoviendo la declaración de incapacidad. Esta demanda la puede promover el cónyuge o pareja de hecho, ascendiente, descendiente, hermanos del presunto incapaz o el Ministerio Fiscal. La demanda deberá ir acompañada de aquellos documentos médicos que acrediten la enfermedad o deficiencia que le impide gobernarse al incapaz.

     2.- Presentada y admitida la demanda, el Juez deberá practicar (obligatoriamente) tres medios de prueba: audiencia de los familiares más próximos del incapaz, examen personal por el Juez del incapaz y el dictámen del médico forense.

    3.- La sentencia declarando la incapacitación judicial, deberá contener la extensión y límites de la incapacitación, el régimen de tutela, la persona nombrada, los mecanismos de control, la duración, etc.

En estos procedimientos cabe la posibilidad de solicitar mientras se tramita la incapacitación, que el Juez adopte medidas cautelares para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio. Estas medidas pueden ser solicitadas por el Ministerio Fiscal o por quienes se hayan constituido como parte en el proceso de incapacitación.

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