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La Junta de Andalucia expropiará las viviendas de cajas y bancos en proceso de desahucio

“Expropiación temporal” de viviendas por la Junta de Andalucía.

Junta de AndalucíaEl Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que aspira a convertirse en un plan de choque para frenar la “sangría social” de los desahucios.

La norma incluye dos medidas destacadas:

1ª.- El decreto-ley incluye una disposición que posibilitará a la Junta expropiar temporalmente, durante  un periodo máximo de 3 años el uso de inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio, con lo que se pretende garantizar el derecho a la vivienda de aquellas personas con especiales circunstancias de emergencia social que se vean afectadas por procesos de ejecución hipotecaria.

El procedimiento de “expropiación temporal” será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos que, a cambio recibirán el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.

Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.

El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).

2ª.- Multa para las viviendas vacías.

Por otro lado, la nueva norma, que se publicará el jueves en el BOJA y posteriormente será tramitado en el Parlamento como proyecto de ley, incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento su reserva residencial. Así, se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley, casos en los que la penalización puede alcanzar los 9.000 euros, y cuya recaudación se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta.

Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitabilidad, y la nueva regulación establece la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento de control, al tiempo que dispondrá de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Junta en este ámbito.

En Andalucía hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, y desde 2007 se han producido unos 86.000 desahucios.

 Por último, el decreto-ley refuerza las ayudas al alquiler, que se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.

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