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La ocupación de inmuebles en el derecho penal

la ocupacion de inmuebles

LA OCUPACION DE INMUEBLES EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL.-

Breves apuntes:

En este artículo quisiera exponeros resumidamente las líneas divisorias consideradas por la jurisdicción penal, para considerar  si la ocupación de un inmueble en su modalidad no violenta,  puede estar incursa en su ámbito y por tanto constitutiva de delito. El tema es de plena actualidad,  pues quien no conoce directa o a través de la prensa de algún caso en el que chavales o no tanto, ocupan edificios, instalaciones o naves a fin de morar en ellas o en otros casos utilizarlas para fines culturales.

Lo primero es conocer el encuadre de este tipo penal, y para ello acudimos al artículo 245.2 del Código Penal,  que establece:

“ El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.”.

En esta modalidad no violenta de ocupación,  ya que si fuese la contraria tendría su encaje en el apartado primero del citado precepto, después de analizar la jurisprudencia de nuestras Audiencias Provinciales,  los elementos cruciales que vienen siendo exigidos para la comisión del delito serían los siguientes:

a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia.

b) Que el realizador de esa ocupación carezca de título jurídico alguno que legitime esa posesión, pues en el caso de que inicialmente hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque sea temporalmente y en calidad de precarista, el titular de la vivienda o edificio deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles para recuperar su posesión.

c) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio “contra la voluntad de su titular”, que en tal caso deberá ser expresa.

d) Que concurra dolo en el autor, que abarca el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización o de la manifestación de la oposición del titular del edificio.

He de deciros que el apartado segundo del artículo 245 C. Penal, ha sido doctrinalmente criticado porque es de difícil comprensión la intervención del derecho penal en usurpaciones no violentas, cuya mejor resolución debe producirse con los medios que ofrece el derecho privado o el derecho administrativo . Debe recordarse que no toda lesión del derecho de PROPIEDAD es sancionable por el Derecho Penal, porque el Derecho Civil, dispone de los instrumentos necesarios a través de los procedimientos interdictales o declarativos para recuperar la posesión y el dominio; el artículo  245  del Código Penal, en virtud del principio de intervención mínima, deberían reservarse a aquellos supuestos graves de apropiación, que evidencian de manera clara e indiscutible esta voluntad de adueñarse de lo ajeno.

La intervención penal, inspirada en los principios de proporcionalidad y intervención mínima y de extrema razón, debería quedar reservada en los términos del precepto penal, para los casos más graves, esto es, para los casos en que la perturbación de la posesión tenga mayor significación.

Por consiguiente, el acto perturbador para incurrir en delito,  debe interferir de manera relevante en los derechos posesorios que ostenta el titular, en particular el de goce de la cosa y el de aprovechamiento de sus frutos y rentas.

Apliquemos el Código Penal sólo para los supuestos graves de ocupación del derecho de propiedad y no tachemos despectivamente al que “okupa” sin conocer  las razones de su acto.

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