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La Reforma Laboral y el despido objetivo

reforma laboral

La Reforma Laboral llevada a cabo por el Real Decreto Ley 3/2012 del Gobierno de Mariano Rajoy ha introduciso en el Estatuto de los Trabajadores modificaciones sustanciales que afectan al despido objetivo, quedando actualmente de la siguiente manera:

El contrato de trabajo se podrá extinguir por las siguientes causas objetivas:

A) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. La ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un período de prueba no podrá alegarse con posterioridad a dicho cumplimiento.

B) Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el empresario deberá ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones operadas.

C) Amortización de puestos de trabajo. Debe estar acreditada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, teniendo prioridad de permanencia en la empresa los representantes de los trabajadores. Además es requisito imprescindible que en un período de 90 días las extinciones afecten a menos de 10 trabajadores en empresas que ocupen menos de 100 trabajadores o a menos de 10% en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores. Si se sobrepasa este límite estaríamos ante un despido colectivo, pudiendo así declararse cuando la empresa hace las extinciones en períodos consecutivos de 90 días para eludir este.

D) Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad, etcétera.

E) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por las Administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación económica estable y financiados mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.

Dicho lo anterior, dentro de las citadas causas por despido objetivo, la que sin duda alguna ha sido la más invocada en los Tribunales y por tanto la que mayor número de litigios ha supuesto,  es el despido objetivo debido a causas técnicas, económicas, organizativas o de producción. Tradicionalmente, la empresa en el supuesto de alegar pérdidas, debía justificar con prueba documental que éstas se producían. Por ello, las cartas que se notificaban al trabajador eran extensas y con muchos gráficos de pérdidas y números negativos.

Con la anterior reforma laboral, bastaba con probar que dichas pérdidas eran previsibles. Dicha reforma ya supuso un antes y después, pero con la Reforma Laboral operada por el Partido Popular, basta  que de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, y ello no solo implica la existencia de pérdidas actuales y previstas, sino también la disminución persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos.

Hasta ahora, en el supuesto que ocupa estas líneas, en el caso de que el trabajador reclamara, era la empresa la que debía acreditar en juicio dichas circunstancias, es decir sobre el empresario recaía la carga de la prueba, considerándose despido improcedente si no era probado ante el Tribunal.

Sin embargo, la Reforma Laboral ha modificado la redacción y ahora la norma establece que “se considerará procedente”, por lo que se ha producido una inversión de la carga de la prueba, debiendo ser  el trabajador al que le corresponda justificar en juicio que la empresa no ha dejado de tener ingresos durante el plazo señalado para que se considere objetivo.

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