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La reforma de la ley de justicia gratuita amplia el número de beneficiarios

Se incrementan los ingresos para poder acceder a la justicia gratuita, así como acogerá a diversos colectivos

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Nada más comenzar el año 2013, el Consejo de Ministros a instancias del titular de la cartera de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita con el objetivo de ampliar los colectivos que se beneficiarán del servicio de justicia gratuita sin necesidad de acreditar los recursos económicos e ingresos con los que cuenten, simplemente la pertenencia a ese colectivo le dará derecho a poder pleitear  con justicia gratuita, lo que supondrá beneficiarse de forma gratuita de una serie de derechos que otorga dicha ley, como por ejemplo el asesoramiento jurídico de un abogado y procurador, publicación de edictos y anuncios, intervención de peritos, exención del pago de tasas judiciales, etcétera.

Dichos colectivos que tendrán derecho a la justicia gratuita serán, las víctimas de violencia de género, del terrorismo, de la trata de seres humanos o los discapacitados psíquicos.

También serán beneficiarias de la justicia gratuita las víctimas de accidentes de tráfico que sufran secuelas permanentes que les impidan desarrollar su actividad habitual o que requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales. Igualmente, asociaciones como Cruz Roja, y aquellas otras que actúen en defensa de las personas con discapacidad, los sindicatos y representantes de los trabajadores, así como las entidades gestoras de la Seguridad Social tendrán derecho a la justicia gratuita, siempre que ejerciten acciones en defensa de sus intereses específicos.

Igualmente el anteproyecto de ley amplía el número de beneficiarios de la justicia gratuita, ya que se han elevado las cuantías en función de la renta e ingresos que venían siendo exigidas hasta ahora para acceder a los beneficios para litigar con justicia gratuita.

En función de la renta,  se incrementan las cuantías hasta ahora vigentes para acceder a la justicia gratuita, situándolos entre 2 y 5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), teniendo en cuenta el número de miembros de la unidad familiar.

En concreto y hasta esta reforma, para acceder a la justicia gratuita no se podía superar de 2 veces el Salario Mínimo Interprofesional (14.910 euros al año); con la reforma se va a elevar hasta 2,5 veces el IPREM (15.975 euros al año) y hasta 3 veces cuando los miembros de la unidad familiar sean cuatro integrantes (19.170 euros al año).

Igualmente aquellos procesos relacionados con circunstancias especiales, familiares, de salud o discapacidad estarán cubiertos por la justicia gratuita elevándose el límite de ingresos requeridos hasta 5 veces el IPREM (31.950 euros anuales).

El anteproyecto de ley de justicia gratuita también reconoce el derecho a la justicia gratuita de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social en aquellos procedimientos judiciales que se desarrollen en primera instancia en el orden laboral.

Veremos una vez publicada la ley de justicia gratuita en el Boletín Oficial del Estado como queda el texto definitivo después de los pertinentes retoques a que se vea sometida, pero el avance que se ha explicado por el Ministro supone una ampliación del número de ciudadanos que pueden verse beneficiados por dicha ley.

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