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Legitimación del Presidente de la Comunidad

La legitimación del Presidente de la Comunidad requerirá previo acuerdo de la Junta de propietarios para instar acciones judiciales en nombre y defensa de la Comunidad.

Legitimación del Presidente de la ComunidadEl Presidente ostenta legalmente la representación de la Comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asunto que la afecten. Por tanto, el Presidente será quien ostente la legitimación para actuar en los Juzgados y Tribunales en representación de la Comunidad.

A la vista de lo anterior, ¿tiene el Presidente legitimación para interponer un procedimiento judicial  de reclamación sin contar previamente con el acuerdo específico de la Junta de Propietarios?

La pregunta planteada en cuanto a la legitimación del Presidente de la Comunidad para ejercitar una acción de reclamación de lo debido por alguno de los propietarios, en tanto no exista acuerdo específico adoptado en Junta que le autorice al ejercicio de una acción de reclamación de las cuotas impagadas, ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en diversas sentencias, entre las que destacamos las de 27.03.2012, 7.02.2012, 10.10.2011, etc.

En todas estas resoluciones, se sostiene que el Presidente de la Comunidad, si bien representa a la misma, ello ha de tener por base la ejecución de acuerdos de la Junta sobre asuntos de interés general para aquélla. La representación de la Comunidad en juicio y fuera de él del Presidente no tiene un contenido en blanco, de tal forma que esa representación sirva para legitimar en cualquiera de sus actuaciones.

Es la Junta de propietarios la que acuerda lo conveniente a sus intereses y el Presidente ejecuta; la voluntad del Presidente, no suple, corrige o anula la de la Junta.

La necesidad de contar con el acuerdo previo de la Junta de propietarios, trata de impedir que la voluntad personal del Presidente sea la de vincular a la comunidad, lo que se consigue sometiendo al conocimiento de la Junta la cuestión que se somete a la decisión judicial, habida cuenta el carácter necesario de las normas que rigen la propiedad horizontal, que impide dejarlas al arbitrio y consideración exclusiva del Presidente.

Pese a que la Ley de Propiedad Horizontal únicamente exige, de modo expreso, el acuerdo previo para que el Presidente pueda ejercitar acciones judiciales en defensa de la Comunidad de propietarios en los supuestos concretos de acción de cesación de actividades prohibidas por los estatutos que resulten dañosas para la finca (art. 7.2 LPH) y de reclamación de cuotas impagadas (art. 21 LPH), sin embargo, no resulta razonable sostener que la facultad de representación que se atribuye de modo genérico al Presidente le permita decidir unilateralmente sobre asuntos, si cabe de mayor trascendencia para la vida de la Comunidad que los indicados anteriormente, tales como la realización de obras en elementos privativos de un comunero que comporten alteración de elementos comunes, etc.

En definitiva, con carácter general, la legitimación del Presidente de la Comunidad requerirá previo acuerdo de la Junta de propietarios para instar acciones judiciales en nombre y defensa de la Comunidad, lo que no obsta para que aquel no resulte necesario en los casos en los que los Estatutos expresamente prevean lo contrario o en el supuesto de que el Presidente ejercite acciones judiciales no en calidad de tal sino individualmente como copropietario.

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