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Medida de alejamiento en la violencia de género

Incumplir la medida de alejamiento en asunto de violencia de género es un nuevo delito

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El artículo 468 del Código Penal establece que, el que quebrante su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año, si estuviera privado de libertad, o con la pena de multa de doce a veinticuatro meses.

Con la reforma operada en el Programa de Protección Integral contra la Violencia de Género, se añadió un nuevo párrafo a dicho artículo para imponer la pena de prisión de seis meses a un año al que quebrantare una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos criminales en los que la victima sea alguna de las siguientes personas:

“Quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados”.

Por último otra reforma del Código Penal en el año 2010 añadió además el quebrantamiento de la medida de libertad vigilada.

Es decir, se castiga con la pena de prisión de seis meses a un año a quien incumpla las siguientes penas impuestas o medidas cautelares o de seguridad:

1º.- Privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.

 2º.- Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.

 3º.- Prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.

 El perdón de la victima viene entendiéndose que no puede impedir el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia previa, argumentándose que la pena impuesta por un Tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que determinadas penas o medidas impuestas en la sentencia se orientan principalmente a la protección de aquella, pues aunque pueda parecer excesivo que el Estado intervenga en esferas propias de la intimidad individual impidiendo a dos personas un nuevo intento de compartir su vida, lo cierto es que el legislador se ha decantado claramente este choque de derechos por dar preponderancia al interés público en la protección de los más débiles.

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