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Requisitos para que se declaren nulas las multas de tráfico notificadas por edictos

Se lesiona el derecho de defensa si no se agotan previamente todos los medios de comunicación existentes.

notificación multas de tráfico

Vamos a comentar la sentencia del Tribunal Constitucional Sala 2ª, de fecha 8-10-2007, al ser muy ilustrativa en este asunto:

 Los hechos planteados son, sucintamente, los siguientes:

 a) D. Eduardo fue sancionado por infracción de tráfico con una multa de 120 euros.

 b) Contra dicha resolución interpuso recurso contencioso-administrativo, fundado en una defectuosa notificación de los trámites del expediente, puesto que la denuncia le fue notificada en un domicilio erróneocalle A. núm..8, piso.- y al resultar desconocido se publicó edicto en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial. Posteriormente la resolución sancionadora se le notificó en su actual domicilio –calle B. núm.., piso.- y al no ser hallado en dos ocasiones, se le dejó nota en el buzón y se notificó por medio del Boletín Oficial y en el referido tablón.

 c) El recurso interpuesto por D. Eduardo fue rechazado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al considerar que la tramitación del expediente se realizó legalmente. Por otra parte, el Juzgado afirmó que el recurrente no cumplió con la obligación legal de notificar los cambios de domicilio.

 El recurrente presenta recurso de amparo.

Argumentos del Tribunal Constitucional:

El ejercicio de los derechos de defensa y a ser informado de la acusación en el seno de un procedimiento administrativo sancionador presupone, que el implicado sea emplazado o le sea notificada debidamente la incoación del procedimiento, pues sólo así podrá disfrutar de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa y, por ende, que el denunciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime pertinentes y de alegar lo que a su derecho convenga.

Para que la falta de emplazamiento personal revista relevancia constitucional, deben concurrir los siguientes requisitos:

1º.- Que el no emplazado tenga un derecho subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado por la resolución que se adopte.

2º.- Que el no emplazado personalmente haya padecido una situación de indefensión a pesar de haber mantenido una actitud diligente.

3º.- Que el interesado pueda ser identificado a partir de los datos que obren en el expediente . Con relación a este último requisito, se afirma que, al no haber emplazado la Administración personalmente al demandante de amparo en el procedimiento administrativo sancionador pese a tener conocimiento, o, al menos, evidente posibilidad de adquirirlo, del verdadero domicilio de aquel, la Administración no ha actuado con la diligencia que le era exigible y ha generado al recurrente en amparo, al impedirle ejercer el derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador, una situación de indefensión constitucionalmente relevante.

La aplicación de la doctrina constitucional expuesta en el presente caso, determina que:

 – Por lo que se refiere al primero de los requisitos señalados ha de decirse que resulta patente que la resolución sancionadora recaída en el procedimiento administrativo sancionador afecta a los derechos e intereses legítimos de D. Eduardo, recurrente en amparo.

 – Se acredita que el servicio de correos, hizo constar como “domicilio desconocido” la causa de la imposibilidad de la notificación referida, por lo que la siguiente actuación de la Administración fue complementar la publicación edictal de la notificación de la denuncia.

– Dictado el Decreto de imposición de sanción de 120 euros por infracción de las normas de seguridad vial, la notificación al recurrente no fue posible, debido, según consta en el aviso de recibo expedido por el servicio de correos, a la ausencia del destinatario de la notificación. Tal notificación se intentó por dos veces, con el mismo resultado infructuoso, lo que condujo a la notificación por edictos. Por tanto formalmente se cumplieron los trámites legalmente previstos para la comunicación de los actos administrativos citados: notificación de la denuncia y del decreto de imposición de la sanción pecuniaria.

Ya se ha indicado que los actos de notificación de la denuncia y de notificación de la resolución administrativa sancionadora se realizaron en domicilios diferentes, y que ambos actos se llevaron a cabo en períodos de tiempos breves. Por lo demás el demandante del amparo ha aportado un documento, relativo al censo electoral, que permite advertir que en el momento de producirse la notificación de la denuncia por infracción de tráfico el Ayuntamiento conocía su domicilio actual (c/ B. núm.., piso.), en el que con posterioridad recibió el sobre remitido por el Ayuntamiento de Madrid conteniendo la notificación edictal de la imposición de la multa de 120 euros.

 Fallo de la Sentencia:

La administración no adoptó las medidas necesarias para procurar averiguar el verdadero domicilio del infractor, una vez que se había frustrado el acto de comunicación por ser el domicilio desconocido del mismo en la c/ A. núm.. piso., como al parecer sí hizo a los efectos de la notificación de la multa administrativa.

En consecuencia la Administración infringió el deber de diligencia que para la realización de los actos de comunicación le es exigida por la jurisprudencia constitucional, más si, como señala la legislación, respecto al censo electoral los Ayuntamientos actúan como colaboradores de la oficina del censo, por lo que al ente local le hubiera bastado consultar sus propios archivos para conocer el verdadero domicilio del recurrente, sin que dicha averiguación resultase un comportamiento excesivo o desproporcionado para los medios con los que cuenta para cumplir sus fines y así posibilitar la notificación personal de la denuncia sin tener que recurrir al recurso extraordinario de la notificación edictal.

No se adoptaron por parte de la Administración las medidas necesarias encaminadas a agotar las posibilidades existentes a su alcance para conocer el verdadero domicilio del recurrente.

La falta de diligencia de la Administración en la averiguación del domicilio transgredió constitucionalmente el derecho a la defensa, incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva.

 

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