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Suspensión de los desahucios para familias en situación de especial vulnerabilidad

La suspensión de los desahucios para familias en situación de especia1l vulnerabilidad será de dos años.

Suspensión de los desahucios para familias en situación de especial vulnerabilidadEn el intento de buscar soluciones a la difícil situación económica que atraviesa España en estos últimos años y que está provocando que mucha gente pierda su vivienda habitual como consecuencia de no poder hacer frente al pago de la hipoteca, el Gobierno del Partido Popular  acaba de aprobar la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En dicha ley se acuerda la suspensión de los desahucios para familias en situación de especial vulnerabilidad y por tanto que se encuentren en una situación económica de especial riesgo de exclusión.

          Qué se consideran familias en situación de especial vulnerabilidad:

1.- Las familias monoparentales con dos hijos a su cargo.

2.- Familias con un menor de 3 años

3.- Familias con algún miembro con discapacidad o dependiente.

4.- Familias en las que el deudor de la hipoteca se encuentra en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales.

5.- Las víctimas de violencia de género.

          Qué requisitos se exigen además a este tipo de familias:

     A) Que los ingresos no superen los 1.597 euros mensuales (tres veces el IPREM). Si en las familias hay un miembro con discapacidad o dependiente o que convivan con personas con discapacidad o dependientes, el límite se eleva.

     B) Que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de suspensión del desahucio, la familia haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

     C) Que la cuota hipotecaria (lo que tienen que pagar al Banco por la hipoteca) resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Para estas familias especialmente vulnerables se establece que la deuda que no haya podido ser cubierta con la vivienda habitual no devengue más intereses de demora que el resultante de sumar a los intereses remuneratorios un 2% sobre la deuda pendiente.

 

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