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Sustitución de la pena de prisión en la reforma del código penal

La sustitución de la pena de prisión pasa a ser regulado como una modalidad de suspensión de condena

reforma código penal

El anteproyecto de reforma del código penal que lleva a cabo el Ministerio de Justicia a cuyo frente se encuentra Alberto Ruiz-Gallardón,  establece en su exposición de motivos importantes cambios que afectarán a la sustitución de la penas de prisión por multa, trabajos en beneficio de la comunidad o la expulsión del territorio nacional.

Por otra parte, el tradicional régimen de sustitución de la pena pasa a ser regulado como una modalidad de suspensión en la que los Jueces o Tribunales pueden acordar la imposición (como sustitutivo de la prisión) de una pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, la conversión no se produce de forma automática, sino que se ofrece a Jueces o Tribunales la posibilidad de moderar su importe dentro del límite máximo representado por la aplicación del módulo de conversión (dia privación/multa/trabajos beneficio comunidad).

Asimismo, se introduce como posible condición de la suspensión el cumplimiento de lo acordado entre las partes tras un proceso de mediación (también se incentiva la mediación en este orden jurisdiccional). El sistema también resulta más ágil en el supuesto de impago de la multa sustitutiva impuesta y, al igual que en el supuesto de suspensión de la condena, será la ocultación de bienes o la falta de aportación de información veraz por el penado lo que determinará la revocación de la suspensión.

También se modifica la regulación de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. De nuevo, la reforma combina la máxima eficacia y sencillez, con un escrupuloso respeto de los derechos individuales (así se recoge en el texto del anteproyecto, ¡¡ya veremos¡¡), ajustándose el límite de pena a partir del cual podrá acordarse la expulsión a la regulación contenida en la legislación de extranjería.

Los Jueces y Tribunales deberán establecer, en todo caso, qué parte de la pena impuesta debe ser cumplida efectivamente en prisión, cuando se hayan impuesto penas de más de tres años; y la sustitución se condiciona, en todos los casos, a la proporcionalidad de la medida. Los Jueces y Tribunales deberán valorar la gravedad del hecho y, al tiempo, las circunstancias personales del penado, en particular su arraigo, para valorar si la sustitución de la pena es o no proporcionada con la expulsión del territorio nacional, tal y como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

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